La guerra invisible dentro del imperio de inteligencia estadounidense.

 Por Roger Stone.

Tulsi Gabbard es una de las figuras más singulares y controvertidas que jamás haya llegado a la cima del aparato de inteligencia estadounidense. Excongresista demócrata de Hawái, veterana de combate, teniente coronel y excandidata presidencial que rompió públicamente con su propio partido por la guerra, la vigilancia y la extensa burocracia de seguridad nacional, Gabbard pasó años condenando al aparato de inteligencia antes de convertirse finalmente en Directora de Inteligencia Nacional (DNI) bajo la presidencia de Donald Trump. Su nombramiento por sí solo provocó un gran revuelo en la clase dirigente permanente de Washington. Ayer, ese revuelo se convirtió en un terremoto político tras las acusaciones que estallaron en el Capitolio y en los medios conservadores de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había retirado archivos altamente sensibles de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) durante una creciente confrontación por la desclasificación de documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy y el infame programa de control mental MKUltra.

La controversia estalló públicamente tras la difusión de informes durante la emisión del programa de Jesse Watters en Fox News el 13 de mayo de 2026. Watters afirmó que personal de la CIA había "allanado" la oficina de Gabbard y se había llevado decenas de cajas de documentos clasificados que, según se informó, estaban siendo preparados para su publicación. De acuerdo con las afirmaciones emitidas por televisión y difundidas en las redes sociales, los documentos incluían material relacionado con el asesinato de Kennedy, operaciones encubiertas de la CIA y el programa MKUltra, el tristemente célebre programa de la Guerra Fría en el que la agencia llevó a cabo experimentos con LSD, hipnosis, condicionamiento psicológico y otras formas de manipulación del comportamiento.

La noticia causó un gran revuelo debido a sus impactantes implicaciones. Tulsi Gabbard no es una funcionaria más del gabinete. Como Directora de Inteligencia Nacional, supervisa a la comunidad de inteligencia en general, incluyendo la coordinación entre la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y numerosas otras agencias. Que el público escuchara las acusaciones de que la CIA había entrado en la órbita de la Directora de Inteligencia Nacional y había sustraído documentos en disputa creó la impresión de una guerra interna dentro de la propia jerarquía de inteligencia estadounidense.

La controversia se intensificó aún más debido al testimonio, supuestamente vinculado al informante de la CIA James Erdman, quien presuntamente informó a los investigadores del Senado que se habían incautado aproximadamente cuarenta cajas de documentos de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) durante su proceso de desclasificación. Según relatos que circulan entre investigadores del Congreso y periodistas conservadores, esos archivos estaban siendo procesados ​​para su divulgación en el marco del renovado impulso del presidente Trump a favor de la máxima transparencia en relación con los abusos históricos de inteligencia. La implicación era inequívoca. Los críticos de la CIA sospecharon de inmediato que ciertos elementos dentro de la agencia intentaban impedir la divulgación de material que podría humillar a funcionarios actuales y anteriores o exponer décadas de engaño en torno a temas políticamente delicados.

La representante Anna Paulina Luna de Florida se convirtió en una de las voces públicas más enérgicas sobre el tema. Luna se ha erigido como una de las principales defensoras de la desclasificación de documentos relacionados con JFK, RFK, MLK, abusos de inteligencia y operaciones encubiertas. Declaró públicamente que había sido informada de que la CIA se había apoderado de documentos bajo la jurisdicción de la ODNI y advirtió que, de no devolverse los registros, el Congreso podría emitir citaciones judiciales. Sus declaraciones dieron un giro radical a la polémica, ya que otorgaron credibilidad al Congreso a lo que de otro modo podría haberse descartado como un simple rumor de internet o una maniobra política.

Sin embargo, los detalles se volvieron más confusos a medida que avanzaba el día. La oficina de Gabbard negó categóricamente que la CIA hubiera "allanado" la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. La secretaria de prensa de la DNI, Olivia Coleman, emitió un comunicado público declarando que los informes eran falsos. La propia Luna aclaró posteriormente que el evento no ocurrió literalmente el 13 de mayo de 2026 y que la palabra "allanamiento" pudo haber sido imprecisa. Funcionarios de inteligencia que hablaron anónimamente con los medios de comunicación también insistieron en que no hubo incautación forzosa ni confrontación dramática. Sin embargo, cabe destacar que las aclaraciones no negaron por completo que los documentos en disputa hubieran sido retirados del control de la ODNI en algún momento anterior.

Esa distinción es de vital importancia porque la cuestión central no es si agentes armados de la CIA irrumpieron en la oficina de Tulsi Gabbard como en una escena de una película de suspense político. El problema de fondo es la supuesta lucha por el control de registros de inteligencia históricamente explosivos y si facciones dentro de la burocracia de seguridad nacional se resisten a los esfuerzos de desclasificación de la administración Trump.

Para comprender la importancia de este asunto, es fundamental entender el papel central que desempeña la CIA en ambas controversias. El asesinato de Kennedy sigue siendo, quizás, el suceso relacionado con la inteligencia más analizado en la historia de Estados Unidos. A pesar de décadas de investigaciones, el escepticismo público persiste debido a que miles de documentos permanecieron clasificados o parcialmente censurados durante generaciones. Muchos investigadores creen que ciertos miembros de la comunidad de inteligencia ocultaron información sobre los contactos de Lee Harvey Oswald, las actividades de vigilancia de la CIA, las operaciones contra Castro y los fallos de inteligencia antes del asesinato. Incluso cuando se han publicado documentos, las numerosas censuras y la falta de archivos han alimentado la sospecha en lugar de la confianza.

El proyecto MKUltra es igualmente incendiario. A partir de la década de 1950, la CIA llevó a cabo experimentos secretos para explorar métodos de control mental, resistencia a los interrogatorios, manipulación química y condicionamiento psicológico. En ocasiones, se administraba LSD a los sujetos o se les sometía a experimentos sin su consentimiento informado. Las investigaciones del Congreso en la década de 1970 sacaron a la luz aspectos del programa, pero muchos registros ya habían sido destruidos por orden de la cúpula de la CIA. Las revelaciones que sobrevivieron empañaron permanentemente la reputación de la agencia y convirtieron a MKUltra en sinónimo de un poder clandestino sin control que operaba en la sombra del gobierno.

El papel de Tulsi Gabbard en este drama que se está desarrollando es particularmente significativo porque desde hace tiempo se ha posicionado como hostil a las operaciones de cambio de régimen, las guerras secretas y los excesos de los servicios de inteligencia. A lo largo de su carrera política, acusó repetidamente a ciertos elementos del aparato de seguridad nacional de engañar al pueblo estadounidense y perpetuar conflictos extranjeros interminables. Por lo tanto, muchos veteranos de los servicios de inteligencia consideraron su nombramiento por parte del presidente Trump como equivalente a colocar a una persona escéptica institucional en la cima de la pirámide de inteligencia.

Este contexto más amplio explica por qué los conservadores y las figuras antisistema interpretaron los informes de ayer como evidencia de resistencia del Estado profundo. Para ellos, la disputa simboliza una batalla mayor entre funcionarios electos que buscan transparencia y burocracias de inteligencia arraigadas, decididas a proteger los secretos institucionales. Las acusaciones también coinciden con denuncias más amplias formuladas este año por informantes sobre la obstrucción de la CIA en relación con las investigaciones sobre los orígenes del coronavirus, la vigilancia de investigadores del Congreso y las disputas internas sobre la clasificación de información.

Actualmente, muchos aspectos de la historia siguen siendo objeto de controversia y sin resolver. Ninguna prueba publicada confirma una redada física drástica en el sentido literal. Sin embargo, varias personas vinculadas a la supervisión del Congreso y a los canales de denuncia de irregularidades siguen afirmando que los documentos en disputa relacionados con JFK y MKUltra fueron sustraídos de la custodia de la ODNI durante un delicado proceso de desclasificación. La distinción entre "redada" y "disputa por la custodia" podría resultar, en última instancia, más semántica que sustantiva, dependiendo de los hechos que surjan en los próximos días.

Lo que suceda a continuación podría tener consecuencias trascendentales. El Congreso podría emitir citaciones. Podrían surgir más denunciantes. La propia Tulsi Gabbard podría llegar a hablar públicamente con mayor detalle. El director de la CIA, John Ratcliffe, podría verse obligado a aclarar las acciones de la agencia. Y lo que es más importante, la controversia ha vuelto a centrar la atención nacional en el persistente secretismo que rodea a las agencias de inteligencia estadounidenses y en los episodios históricos que aún las persiguen décadas después.

El pueblo estadounidense está presenciando un espectáculo que se asemeja menos a un desacuerdo burocrático que a una guerra civil invisible dentro de la estructura del aparato de seguridad nacional. En el centro se encuentra Tulsi Gabbard, la exlíder demócrata convertida en jefa de inteligencia de Trump, ahora aparentemente inmersa en una confrontación con las mismas instituciones que durante años condenó desde fuera.